El alcalde de Huelva asegura que el Peri del Cabezo de la Joya protege la necrópolis tartésica

Huelva/El Plan Especial de Reforma Interior (Peri) de la Unidad de Ejecución I del Cabezo de la Joya “protege los yacimientos arqueológicos y garantiza la recuperación de los restos arqueológicos que queden”. Así lo asegura el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que señala que la necrópolis tartésica “se queda ahí, se garantiza y se protege y además se posibilita que se puedan desarrollar acciones de estudio y puesta en valor”.

Cruz incidió que el plan especial está aprobado definitivamente “y es un documento que está en vigor”. Explicó “que mejora sensible y cualitativamente el plan de 2004 y nos permite ganar el 82% de espacio público para la ciudad de Huelva y conservar el Cabezo de La Joya, que respeta y defiende”.

El alcalde manifestó que todo esto “es lo que se pretendía desde el punto de vista de gestión urbanística de un proyecto, un proyecto de iniciativa privada que estaba aprobado en 2004 con unas condiciones completamente diferentes” a las actuales. Con la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior se amplía la superficie de espacios libres hasta 12.650 metros cuadrados, entre los que se incluyen los 5.614,58 metros cuadrados de la necrópolis, frente a 6.907,35 metros cuadrados de espacios libres del plan anterior.

También se reduce a menos de la mitad la superficie de suelo residencial, hasta 4.740 metros cuadrados. El plan de 2004 contemplaba la construcción de 156 viviendas plurifamiliares, en tres bloques de cuatro, nueve y diez plantas, y 72 protegidas, en 4 y 5 plantas, así como 61 viviendas unifamiliares.

El actual plan incluye cuatro grandes bloques de viviendas: tres de diez plantas más bajo y ático, de 60, 60 y 83 viviendas, y otro de 72, protegidas y de promoción pública, a cargo de la agencia AVRA, con 13 plantas más bajo y ático. Sólo se proyectan 14 unifamiliares.

En relación a los recursos presentados por Ecologistas en Acción y la asociación Huelva te mira, Cruz indicó que “serán los tribunales los que se pronuncien”, a lo que añadió que “todos los colectivos o cualquier ciudadano a título individual o entidad tienen derecho no sólo a discrepar sino a ejercitar las acciones correspondientes en defensa de sus puntos de vista y ante eso, nada que alegar, pero este plan especial está aprobado definitivamente desde hace unos ocho meses”.