“Hay un acta: la confesión de Montoya se ha producido y es un elemento más”

Huelva/Asumir el cargo de fiscal jefe le ha obligado a ceder el testigo de la Delegación de Medio Ambiente a Pilar Álvarez, pero una baja de la exdelegada de Seguridad Vial lo mantiene apegado a los asuntos medioambientales. "No me ha dado tiempo a echarlo en falta", asegura. Lo que sí añora es el Juzgado de Instrucción 1 de Huelva y "la vidilla, las declaraciones, las guardias". Flores, directo siempre y sin cortapisas, analiza la actualidad judicial onubense.

–Sigue la senda de su padre. Es un espejo en el que mirarse.

–Siempre he tenido su referente. Soy fiscal por él, es evidente. He vivido lo que es ver el trabajo de un fiscal y lo que es una Jefatura. A mi padre lo nombran en el año 1985 como fiscal jefe de Sevilla. Pues hasta 1991 que me voy de casa vivíamos en la Audiencia y veía lo que era. Luego, ni yo soy mucho de pedir consejo ni él es mucho de darlos. Creo que cada uno debe equivocarse solo y asumir las equivocaciones en solitario. Pero, evidentemente, sé que él está ahí para lo que necesite.

–La comunicación es uno de los pilares de su proyecto como fiscal jefe.

–Saber comunicar es una de las grandes asignaturas de la Justicia. Si no se nos entiende no se nos puede apreciar, y si no se nos aprecia no se nos puede querer. Hay que explicar todo lo que se hace. Es una tarea complicada, a largo plazo, pero evidentemente es una cuestión que me he propuesto: explicar, sacar notas de prensa, ir a dónde se nos demande (colegios, asociaciones…). Lo que hacemos es mucho y hay que proyectarlo hacia afuera.

–¿Cree que la gente sabe identificar qué hace un fiscal?

–La mayoría sigue pensando en el fiscal como puro acusador y, por tanto, en el ámbito penal. Dentro del ámbito penal nuestro papel no es solo el de acusar. Fuera del ámbito penal somos muy desconocidos. Y hay cada vez más trabajo y más importante: discapaces, mayores, menores, consumidores… Se hacen cosas muy interesantes y la gente no lo sabe. El ciudadano no es adivino.

–¿En qué ha cambiado su día a día?

–Básicamente en que yo, que soy una persona muy organizada (rayano en la enfermedad, lo reconozco), he tenido que comprender que ya no es posible controlarlo todo. Es decir, ya hay muchas cosas que no dependen de ti y hay que afrontar el día a día diciendo: a ver qué te encuentras.

–Una aventura.

–Exactamente. Lo que te encuentras, con tranquilidad y con serenidad, sin prisa pero sin pausa, intentas resolverlo. El medio plazo, básicamente, no existe en una Jefatura. Es el día a día.

–¿Qué problemas son esos con los que suele lidiar?

–Los problemas son, primero, que hay mucho papeleo y burocracia. La gestión de las bajas, de las sustituciones externas e internas, la cantidad de escritos e informes que hay que registrar y resolver… Hay un mundo burocrático en el que dices, hombre, deberíamos usar la informática para que esto fuese más llevadero.

–¿Del expediente digital ni hablamos, no?

–El informe que ha hecho recientemente la Fiscalía General del Estado es muy bueno, porque dice las cosas como son. El expediente digital es posible, deseable y magnífico, pero hay que invertir dinero. Los mecanismos y los procedimientos existen, pero los que estamos utilizando están desfasados y dan más problemas de los que solucionan. No hay un expediente digital, hay un expediente escaneado, donde faltan cosas. Todos los que trabajamos en la Justicia estamos deseando trabajar mejor. Si los medios nos permiten hacerlo, fantástico. Pero las experiencias han dado muchos problemas. Básicamente por la falta de inversión en programas que realmente permitan ser más ágiles y eficaces. Si se llega a conseguir, bienvenido será; si no, pues tenemos un problema.

–¿Tiene esperanza en que el nuevo Gobierno invierta más en materia de justicia?

–La esperanza nunca la pierdo. Prestamos un servicio público que el ciudadano puede agradecer y valorar luego políticamente. Todos estamos de acuerdo en que una parte del futuro va por ahí. La otra sería hablar del exceso de litigios que hay o cuál es el modelo de procedimientos, pero una de las patas del sistema es la inversión en infraestructuras, en personal y en material, y en la digitalización.

–Hablando de infraestructuras. Con semejantes instalaciones, la Ciudad de la Justicia es indispensable.

–Estoy convencido de que sí. Por varias razones. Las instalaciones que tenemos aquí no dan más de sí. Echarles dinero es una inversión poco productiva. Se están buscando sedes para los juzgados de lo Contencioso, con lo que vamos a tener cinco sedes en Huelva. Son demasiadas. La Ciudad de la Justicia es imprescindible, y no sería ni bueno ni razonable que otra vez Huelva sea la última capital andaluza con contar con una infraestructura así.

–¿Y los medios personales, son suficientes?

–Pues es más acuciante la necesidad de funcionarios que de fiscales. Que nos plantemos en una ratio de un funcionario por cada fiscal. Aquí ya somos 29 fiscales y hay 19 funcionarios. Está muy descompensado. El expediente digital requiere una plantilla de funcionarios que te pueda realmente auxiliar y ayudar en todo ese trabajo. La plantilla razonable de fiscales en Huelva debe estar en los 30, con lo que todavía nos faltaría uno. Pero pedimos razonablemente, no por pedir.

–Desde diciembre a abril hemos tenido en Huelva cuatro homicidios y dos tentativas. ¿A qué puede deberse esta escalada de violencia?

–Llama la atención, la verdad. Huelva, aunque tenga casos sonados, es una provincia tranquila. Pero es que, además, en Semana Santa han coincidido tres. De momento es coyuntural, con los datos que tenemos hasta este año. No podemos hablar ahora mismo de que haya una delincuencia especialmente violenta en la provincia.

–¿Qué opina de la Prisión Permanente Revisable (PPR)?

–Está en la ley y, por tanto, nosotros nos debemos al principio de legalidad. Lo que nos gustaría a los juristas es que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciara, porque eso nos da mucha seguridad. Es evidente que hay determinadas tipologías delictivas y delincuentes donde la reinserción es muy complicada. Las estadísticas sí que nos determinan que el nivel de reincidencia es alto. Esto es preocupante y sobre eso hay que trabajar. Ya se trabajó en las reformas anteriores, en el sentido de aumentar los máximos de cumplimiento de las penas, el tema de las libertades vigiladas… No sabemos qué fruto ha dado porque son medidas a muy largo plazo. Cuando podamos ver si funciona o no la PPR habrán pasado 25 ó 30 años. Mientras sea una pena que esté en el Código Penal, el fiscal la pide cuando lo cree oportuno y los tribunales la aplican. La Constitución sí que marca un límite, que es la prohibición de la cadena perpetua; ahora, lo que tampoco es cierto es que la Constitución impida que se valore la evolución de una persona en prisión y que, en base a ella, la pena pueda durar más o menos. Entre esos dos límites estaría la configuración de esa pena. Nos falta esa sentencia del TC que nos diga que esto hay que hacerlo así y con estos matices.

–La juez ha admitido a trámite la petición del abogado de Bernardo Montoya de ponerlo en libertad.

–Claro, como debe ser.

–No le ha sorprendido.

–No. Es que en una causa un preso preventivo puede pedir la libertad todos los días y hay que tramitarla. Siempre. Es obligatorio. Es que el juez en eso no puede decir que la inadmite a trámite. Luego informa a las partes, el juez resuelve, habrá recurso y resolverá la Audiencia. Lo que sorprendería es lo contrario. Y la misión de la defensa es esa, intentarlo todo. Seguro que no será la única petición de libertad de aquí al juicio. Es lo más normal.

–Se ha liado una buena después de que no se haya grabado la confesión de Bernardo.

–Desde el momento en el que no hay sonido no se puede transcribir. Lo que ocurre en este caso es que había un acta de la declaración. Estaban la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) y dos funcionarios y se realizó bajo la fe pública de la LAJ. No se puede transcribir, pero esa declaración se ha producido, tiene el contenido que tiene y es un elemento más.

–No cree que sea motivo para ponerlo en libertad.

–Nadie está en prisión preventiva por haber confesado un hecho si no hay nada más. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la confesión no exime de practicar todas las diligencias porque puede que alguien confiese un hecho que no ha cometido. Hay una serie de datos y elementos que son los que han determinado los indicios. Y, junto a eso, los fines constitucionales de la prisión preventiva.

–¿Cómo va la investigación de la filtración del sumario de Laura?

–Lo grave no es que el periodista publique una información que es relevante. Cumple una función constitucional, por tanto jamás vamos a ir contra un periodista. Vamos a intentar saber quién ha incumplido el deber de reserva. En el caso Mari Luz también se abrió una investigación y no se llegó a nada. Es muy difícil. Hay mucha gente que puede manejar esa información y puede aportarla.

–En Huelva seguimos con varios crímenes por resolver.

–El sistema no es eficaz al 100%, lo es al 90%. Mientras el crimen no prescriba, siempre hay esperanza de que podamos resolverlo, que una huella o una muestra de ADN salte y tengamos al autor.

–Uno de ellos es el de Almonte.

–¿El que haya una sentencia absolutoria quiere decir que no se ha resuelto? Es una cuestión de matiz. Para los investigadores puede estar resuelto. El fiscal puede pensar que la persona que ha sentado en el banquillo es el autor. Cuando hay una sentencia absolutoria no automáticamente se reabre un procedimiento. Porque no quiere decir que el autor no sea esa persona. Quiere decir que ha obtenido una sentencia absolutoria. El sistema requiere condenar a una persona. Es decir, que convenzamos en este caso a un jurado más allá de toda duda razonable de que es el autor. En este caso las dos sentencias, tanto la del TSJA como la del Tribunal Supremo, vienen a decir que con lo mismo podía haber habido una sentencia condenatoria y que, seguramente, la hubieran confirmado; pero la que hay es absolutoria, con un razonamiento, con una motivación y han tenido que confirmarla.

–¿Y no es mucha responsabilidad para un tribunal popular un caso de estas características?

–Claro. Pero el jurado ahí lo tenemos. O lo quitamos o lo mantenemos. Y si lo mantenemos, tenemos que respetarlo. Teniendo en cuenta además que aquí tenemos una cuestión peculiar (los anglosajones se echan las manos a la cabeza) y es que una absolución de un jurado se puede recurrir. En su cultura, si el jurado condena sí, pero si hay una absolución no hay un tribunal que corrija a un jurado.

–A efectos prácticos en España es lo mismo. Hay escasas excepciones de corrección de veredictos absolutorios.

–Pero los ha habido. Quizá más en condenas que en absoluciones, pero se ha dado. Que es una responsabilidad grande, sí.

–Podrían conocer de otro tipo de asuntos y no de asesinatos, ¿no?

–Evidentemente, manteniendo el procedimiento del jurado y la ley, sí se puede jugar con los delitos que se quitan y se ponen. Lo que es cierto es que un juicio de jurado es largo, es costoso, tampoco hay una demanda social de participar en el jurado... Con lo cual, sí se podría estudiar el mantenerlo para ciertos delitos más sencillos. En lo que se le puede exigir a un jurado (que no es lo que se le puede exigir a un tribunal), en este caso de Almonte han motivado el veredicto y lo han ratificado dos tribunales superiores. Lo que pasa es que deja una sensación extraña.

–Sobre todo en las víctimas vivas, la familia de Miguel Ángel y María.

–Es que es muy complicado que a las víctimas una sentencia las pueda resarcir. Si es absolutoria, menos, claro. Ellos dicen: "Si esta es la persona que la Guardia Civil me ha dicho que es, la que la juez de instrucción me ha dicho que es, la que el fiscal me ha dicho que es... ¿ahora llega el jurado y me dice que no es?". Pero este es el procedimiento y esas son las reglas del juego. A las víctimas es muy difícil convencerlas. Nosotros tenemos que escucharlas, atenderlas, estar siempre ahí. Tienen esa sensación de fracaso de la Justicia, de que la Justicia no ha sido capaz de darles la respuesta que ellos esperaban, pero es complicado.

–Los perjudicados por los robos de bebés en Huelva quieren que se levante la fosa común. ¿Está usted por la labor?

–La cuestión es que penalmente se ha llegado en principio a un callejón sin salida, pendiente de un pronunciamiento del Supremo. Ahí se juntan dos cosas: una, el tema de la prescripción, y dos, la posibilidad de actuar fuera de la vía penal. Evidentemente, hay que establecer mecanismos para que realmente se pueda llegar a conocer la verdad. Y que puedan también las víctimas tener ese resarcimiento. ¿Cuál es el mecanismo o el procedimiento? Tampoco nosotros tenemos muchas posibilidades, ¿no? Me consta que siempre que han ido a Fiscalía se les ha atendido y ahora estamos esperando a ese recurso, por si se abriera alguna vía o posibilidad.

–En otras provincias sí se han investigado a fondo los casos.

–Lo que podamos hacer, lo haremos dentro del marco de nuestras competencias. Es un caso complicado, porque en el momento que se dice que está penalmente está prescrito, tenemos poco margen de actuación. Pero es un problema al que hay que darle algún tipo de solución y de atención, porque afecta mucho a lo más íntimo de las personas. Cuando te hacen esa demanda de conocer no es por capricho, es porque se encuentran de repente con que sus vidas dan un vuelco. Eso merece atención.