El absuelto del crimen de Almonte, sus primos y hermanos quieren ser acusación popular

Almonte/El almonteño que fue juzgado y absuelto del doble asesinato de Miguel Ángel y María Domínguez en abril de 2013, Francisco Javier Medina, quiere ejercer la acción popular en el caso del doble crimen de Almonte, reabierto el pasado mes de diciembre por la titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado tras su exoneración definitiva, determinada por el Tribunal Supremo.

Así consta en el escrito –al que ha tenido acceso en primicia Huelva Información– remitido por su abogado, Francisco Baena Bocanegra, al órgano judicial que instruye la causa, que ya le denegó la personación como acusación particular en el mes de enero.

La decisión fue recurrida por Medina ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, alegando que se valora como "perjudicado" del doble crimen, pero el órgano colegiado desestimó también la apelación al significar que no "se puede considerar al ahora recurrente como víctima, ofendido o perjudicado por el delito investigado, pues tal condición no puede extenderse a personas ajenas a las víctimas y a las que la ejecución material del delito no haya ocasionado de forma directa ningún perjuicio personal o patrimonial, y este tribunal comparte lo expuesto en el auto apelado".

Francisco Javier Medina intenta ahora otro movimiento de ficha, haciendo piña con sus hermanos, Juan y David, y con sus primos Manuel Jesús Blanco e Isidro Medina. Hay que recordar que este último fue concejal socialista de Agricultura, Medio Ambiente y Servicios (entre otros) en el Ayuntamiento de Almonte entre 2015 y 2018, cuando renunció a su acta de edil.

Como se precisa en el escrito, los cinco se agrupan "con el propósito y finalidad de ejercitar" la acción popular que les reconoce el artículo 125 de la Constitución "en relación con los artículos 100, 101 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El objetivo, se destaca, es "participar en la instrucción de la causa citada para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el día 27 de abril de 2013, fecha en la que fueron cruelmente heridos hasta causarles la muerte Miguel Ángel Domínguez Espinosa y su menor hija María Domínguez Olmedo", con 154 cuchilladas en su hogar.

El letrado recuerda que así ejercitan "un derecho fundamental, derivado de su reconocimiento constitucional, de naturaleza cívica", porque mediante este los ciudadanos "pasan a ejercitar en paridad de armas" con la Fiscalía "una función pública".

Se precisa en el documento que "no es necesario ni exigible la formalización de querella, por tratarse de causa ya iniciada y, en consecuencia, tampoco procede la exigencia de fianza impuesta (...) por cuanto tal caución constituye requisito de admisibilidad de la querella si esta fuere el medio de iniciación del procedimiento penal, pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso". Por todo, se interesa la personación en las diligencias previas.

La reacción de la familia de las víctimas no se ha hecho esperar. El hermano y tío de los asesinados, Aníbal Domínguez, indica a este periódico que "sospechamos que el absuelto tiene una intranquilidad manifiesta por la nueva investigación de la Unidad Central Operativa (UCO)" de la Guardia Civil.

A su juicio, esta iniciativa del exculpado y su entorno "reviste enormes dosis de desesperación por querer conocer los detalles" del caso. En este sentido, recalca que a Medina "no le basta con haberse dado de bruces contra el no rotundo de la jueza instructora, de la Fiscalía y de Audiencia, que ahora, haciendo alarde de una intranquilidad más que manifiesta, desea participar en la causa como acusación popular junto a una legión de familiares".

Domínguez espera que la Justicia "vuelva a poner en su sitio esta iniciativa grotesca y surrealista que no viene a ser más que una continuada provocación a las familias víctimas y un desquiciamiento por conocer los pormenores de la investigación que desarrolla la UCO".

Tras haber consultado a juristas, el hermano y tío de los asesinados indica que entre los requisitos del ejercicio de la acción popular está el "identificar al acusado y los hechos sobre los que se establece su acusación de manera clara, algo que aquí no se cumple porque no hay ningún investigado por el momento".

Manifiesta en paralelo que "esta gente jamás ha proferido un mensaje de apoyo a estas familias ni ha pedido jamás en estos seis tortuosos años justicia por María y Miguel Ángel", así que deduce que "la vomitiva acción que intentan emprender a la desesperada refleja su desconcierto y preocupación máxima acerca de por dónde van los tiros de la nueva investigación". Finalmente, subraya que Medina dijo en rueda de prensa que "quería rehacer su vida y olvidarse de todo esto, sin embargo, demuestra una vez más que le puede la obsesión por el trabajo que está llevando a cabo la UCO".